TENIENDO EN CUENTA1.- Que el actual régimen de fronteras y las leyes de extranjería de España y demás países de la Unión Europea son la otra cara de la constante precarización de las condiciones de trabajo, vida y recorte de derechos que sufre la ciudadanía europea en su conjunto. Quienes han atacado y atacan derechos de la población europea, son los mismos neoconservadores que conculcan derechos humanos a los migrantes, sea promoviendo medidas xenófobas en el reciente referéndum suizo, sea Sarkozy desatando una cacería de familias y estudiantes migrantes para su expulsión de Francia, situaciones típicas de épocas amargas de la Europa de los años 30 y 40 del pasado siglo, que creímos no volveríamos a ver más nunca.
2.- Que el refuerzo de medidas represivas en las fronteras va a producir más muerte y más sufrimiento del que ya está produciendo. Ante el hambre, la desocupación, la persecución y la guerra, la migración es una salida legítima de supervivencia y dignidad humanas. Lo que vive hoy el continente africano, así como los países latinoamericanos, asiáticos y otros, es una consecuencia directa del pasado colonial, de la actual explotación neo-colonial de sus recursos naturales y de la aplicación de medidas neoliberales, que han fomentado la pobreza, la corrupción y la guerra civil.
De lo anterior se desprende que los países europeos tienen una deuda histórica con estas sociedades que debería traducirse en un cambio radical en las políticas económicas y una justa y pronta redistribución de la riqueza.
3.- Que las medidas recomendadas por los organismos internacionales (FMI, OMC, BM), siguiendo las recetas del capitalismo neoliberal, están profundizando la miseria y las desigualdades en el mundo, favoreciendo los intereses de empresas transnacionales y grupos de poder.
El problema no son los movimientos migratorios, sino un sistema económico injusto e ilegítimo que acentúa como nunca en la historia de la humanidad la diferencia entre ricos y pobres. Mientras esta desigualdad estructural no se corrija, los migrantes son refugiados de la guerra global del capitalismo contra la humanidad, y como tales deben ser considerados para efecto de su status en los países de acogida.
4.- Que la forma en que el gobierno, la oposición y gran parte de los medios de comunicación están abordando el tema de los movimientos migratorios, presentándolos como un peligro y ocultando o minimizando los aspectos positivos para el conjunto de la sociedad, fomenta de manera irresponsable el racismo y todas las formas de actitudes xenófobas. Por el contrario, es responsabilidad del gobierno fomentar la convivencia entre las diferentes comunidades mediante políticas educativas y sociales encaminadas a evitar la segregación y el racismo. No hay integración ni ciudadanía posibles sin garantizar el pleno acceso a los derechos laborales, sociales y políticos para todas las personas.
5- Que los Centros de Internamiento, la persecución y la externalización de las fronteras, las expulsiones y demás medidas represivas, son una clara violación de los derechos humanos de las personas migrantes, entre otros, los de libre circulación, asilo, y el de poder residir en el territorio de cualquier Estado.
El giro neoconservador de muchas democracias europeas, recortando políticas sociales y aumentando programas represivos y discursos alarmistas, propios de un estado de excepción que degrada nuestra convivencia y ciudadanía en común, atenta contra los principios fundamentales de un Estado de Derecho.
6.- Que a la fecha hay en todo el territorio del Estado español alrededor de UN MILLON QUINIENTAS MIL personas a las que se les está negando un status legal, perseguidas policialmente, condenadas a vivir en condiciones infrahumanas, y obligadas a vender su fuerza de trabajo en condiciones de sobre-explotación, servidumbre y total inseguridad, sin que se les reconozcan sus inalienables derechos que como seres humanos tienen.
El Estado español está obligado, no solo a reconocer, sino a proteger y garantizar el derecho de asilo, el de libre circulación y residencia, el derecho al trabajo, entre otros. De modo que la regularización sin condiciones es el primer paso para garantizar sus derechos laborales y combatir la explotación y la marginación de ese significativo número de seres humanos.
7.- Que la lucha contra la precariedad y el recorte de derechos es un camino que debemos recorrer juntos las y los trabajadores inmigrantes y autóctonos. La irregularidad del mercado laboral favorece a sectores económicos relacionados con la economía sumergida con claras vinculaciones políticas, que afecta a todos los trabajadores, inmigrantes o no, sometiéndolos, entre otros abusos, a jornadas agotadoras de 14 y más horas, a hacer oficios no pactados, a cambios arbitrarios en el horario de trabajo y salarios por debajo del mínimo, como se evidencia en los sectores de la agricultura, de la construcción y de los servicios, entre ellos con mucha crudeza, hostelería, venta ambulante, prostitución y el de los servicios domésticos.
En este último sector es altamente preocupante la situación de explotación que sufren las mujeres, sometidas al Régimen Especial de Servicio Doméstico, que desconoce derechos como el paro, accidentes laborales e indemnizaciones, y a una desgarradora desconciliación laboral y familiar, bastante alejada de la conciliación laboral y familiar que tanto se pregona y que una y otra vez, tanto desde leyes y reglamentos de extranjería, como desde disposiciones laborales discriminatorias, les es sistemáticamente conculcada.
8.- Que también la población migrada en situación regular se encuentra en un régimen de apartheid desde el punto de vista legal como social y laboral.
MANIFESTAMOS1.- Que respaldamos y hacemos nuestras las demandas contenidas en el Manifiesto Internacional por los Derechos de los Migrantes que está siendo firmado a nivel internacional, a saber:
Por una regularización incondicional a escala europea y la consecución de igualdad de derechos para todos/as las/os migrantes.
- Por el cierre de todos los centros de detención en Europa y en todo el mundo.
- Por el cese de todas las deportaciones y del proceso de externalización de las fronteras.
- Por el derecho a la residencia con independencia de que se tenga o no contrato de trabajo.
2.- Que exigimos del gobierno español políticas justas, serias y responsables que contribuyan a la solución de los desequilibrios económicos y sociales en los países empobrecidos de todo el mundo, exigiendo a los organismos económicos e internacionales como el BM, FMI, OMC, Unión Europea, cambios radicales en sus orientaciones económicas, entre ellas el acceder a la condonación de la deuda externa de los países empobrecidos por efecto de tales orientaciones.
3.- Que denunciamos el deterioro del estado de bienestar, así como la constante pérdida de derechos que sufre la población trabajadora en su conjunto tras años de recetas neoliberales y flexibilización laboral, por lo que se están viendo afectados los servicios públicos y la Seguridad Social no solo usados por las y los inmigrantes, sino por el conjunto de la ciudadanía.
Exigimos la puesta en marcha de medidas urgentes contra la precariedad que impliquen una distribución del trabajo y de la riqueza, así como u reforzamiento de los servicios públicos y el aumento en las prestaciones sociales, destacando políticas efectivas que garanticen el derecho de todas las personas a una vivienda digna.
4.- Que exigimos el pleno derecho de los migrantes como ciudadanos y ciudadanas a una vida digna en los países de acogida y el respeto a todos sus derechos sociales, laborales y políticos, sin condicionarlos a la reciprocidad con su país de origen. También el cumplimiento de todos los Convenios Internacionales de protección de los Derechos Humanos (derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, derecho a la paz y al medio ambiente, derecho al asilo y al refugio).
5.- Que solicitamos al Estado español que suscriba la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todas y todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
6.- Que requerimos la derogación de la Ley de Extranjería y la construcción de formas participativas, desde un nuevo marco jurídico que garantice plenos derechos a todas las personas en razón de su igualdad ante la ley.
7.- La exigencia al Estado español de reconocer y garantizar el derecho de asilo, tal y como lo establece la Convención de Ginebra, a toda persona que lo haya solicitado “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”, incluyendo a las personas perseguidas por motivos de su opción sexual.
8.- Nuestro repudio al discurso político y mediático que criminaliza a los inmigrantes, vinculando al Islam con terrorismo y al inmigrante en general con la delincuencia.
9.- Que denunciamos la libre circulación de mercancías y capitales mientras se niega o se restringe la libre circulación de las personas. El reforzamiento de las medidas de control de fronteras, ha derivado en una estrategia demencial de militarización de las mismas (vallas, SIVE, FRONTEX) y del control de las aguas territoriales de países africanos. Lo único que han logrado es mantener el Atlántico y el Mediterráneo COMO LA MAYOR FOSA COMÚN DEL MUNDO, con cerca de 5000 muertes estimadas de quienes intentaban la travesía, desde octubre de 2005 en que se endurecieron las medidas de control.
10.- Que reiteramos que esas muertes son el producto de la sistemática negación de visados en África por parte de los países de la Unión Europea, de los reglamentos para visados elaborados para hacerlos imposibles de cumplir, como de los opacos acuerdos de externalización y deportación con terceros países. Igualmente consideramos que el Estado Español, cuando propicia las devoluciones y la represión de las salidas desde los países de origen y/o transito, es corresponsable de las violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas las personas migrantes.
11.- La exigencia de que los 14 asesinatos cometidos contra los migrantes africanos en la valla de Melilla a partir del 2005, las indeterminadas desapariciones forzadas que se produjeron por las arbitrarias y violentas devoluciones, deben someterse a investigación, sus autores materiales y quienes acordaron tales medidas juzgados y castigados, y los familiares de las víctimas indemnizados.
12.- La exigencia de que tanto el gobierno como las administraciones autonómicas y locales, basados en el principio de solidaridad, provean oportunamente los recursos necesarios para la atención de los inmigrantes, entre otros un correcto funcionamiento de los centros de acogida y de los de menores. Pedimos en especial, que se ocupen adecuadamente de los inmigrantes procedentes de África, que se han visto obligados a jugarse la vida al habérseles impedido el acceso a medios transporte seguros y ejercer su derecho a circular libremente como lo hacen por todo el mundo los ciudadanos europeos.
13.- Que exigimos al gobierno español, como un paso previo para el reconocimiento de los plenos derechos como ciudadanos de los inmigrantes, la no imposición de sanciones de expulsión para las personas que entran de forma irregular o devienen en irregulares administrativamente, y la urgente anulación de las ordenes de expulsión en vigor, máxime cuando muchas de ellas no son ejecutables.
Asimismo pedimos que se facilite documentación de identidad a los inmigrantes que carecen de ella y no pueden acreditar su procedencia para obtener su inscripción y por tanto su reconocimiento como ser humano, ya que el procedimiento establecido en los artículos 34 de la Ley de extranjería y 107 del Reglamento es prácticamente inviable.
14.- Vemos con gran preocupación el giro negativo que se percibe últimamente a través de las actuaciones y declaraciones del gobierno español, sobre sus intenciones de llegar a un Pacto de Estado, para reforzar los aspectos más negativos de su política de extranjería, como la posible ampliación a 6 meses del periodo máximo de estancia en los Centros de Internamiento, actualmente de 40 días; la insistencia en agilizar las expulsiones; la intención de excluir nuevas regularizaciones extraordinarias; la eliminación de la figura de arraigo social, entre otras.
Alguien dijo: "Yo quiero trabajar en la península, tener ropa, casarme y tener hijos. Somos hombres jóvenes con toda la vida por delante. Huí de mi país buscando mis derechos, mi vida”.
